viernes, 13 de enero de 2017

RECLAMOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Lo que reproducimos aparece en el CELS (centro Legales y Sociales) y es como están presentando el justo reclamos d elos pueblos originarios,  desde el gobierno. Los presentan como una amenaza sin informar qué está sucediendo con las tierras de ese lugar.
Desde los medios de comunicación poco se ha informado y los organismo de DH están tratando de intervenir

sábado, 7 de enero de 2017

Esta mejorando El Salvador?





por Roberto Valencia

MARYLAND —El Salvador, el pequeño país centroamericano de 20.000 kilómetros cuadrados y seis millones y medio de habitantes, cerró 2016 con 5.278 asesinatos. Un promedio de 14 al día. Una tasa de 81 homicidios por cada cien mil habitantes. Ocho veces superior al límite que Naciones Unidas fija para establecer que una sociedad sufre epidemia de violencia.
A pesar de estos números, el gobierno lleva semanas hablando de éxito en su estrategia de combate a la criminalidad. “Las medidas extraordinarias implementadas por mi gobierno están dando resultados positivos”, dijo el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en su discurso de fin de año.
El gabinete de seguridad se aferra al clavo ardiente de que en 2015 las cifras fueron más terroríficas —una tasa de tres dígitos— para inflar un discurso triunfalista que está en las antípodas de lo conveniente para una sociedad herida y traumatizada. Sin embargo, lejos de la idea que sus asesores de comunicación quieren diseminar, el combate frontal a las maras no está sino agravando y dilatando los problemas de convivencia social arrastrados durante décadas.
El bienio 2015-16 es el más mortífero desde que inició el siglo: casi 12.000 asesinados. Tendrían que haber matado a 80.000 personas en Argentina, a 234.000 en México, o a 593.000 en Estados Unidos para igualar la tasa salvadoreña.
El bienio sangriento calza a la perfección con la estrategia belicista del gobierno de Sánchez Cerén, que tiene su arranque simbólico el 5 de enero de 2015, con un discurso en el cuartel central de la Policía Nacional Civil en el que el presidente rechazó “volver a negociar con las pandillas” y anunció una política de persecución y castigo. Dicho así suena enérgico y bien intencionado, pero luego se reveló que apenas un año atrás, su partido, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), al más alto nivel —y bajo la mesa— había negociado con las maras contraprestaciones a cambio del voto de las decenas de miles de pandilleros y de sus familiares.
Conviene consignar que en 2012 y 2013, durante la fase más exitosa de la negociación entre el gobierno anterior y las pandillas, un proceso conocido como la Tregua —también oscuro y mal manejado, pero monitoreado por la Organización de Estados Americanos—, la cifra de asesinados bajó a unos 2.500 cada año.
Las maras no son la única expresión de la violencia en El Salvador, pero sí la más cruda, publicitada y la que más víctimas genera. En marzo de 2012, cuando las tres pandillas dominantes —Mara Salvatrucha-13, 18-Revolucionarios y 18-Sureños— se involucraron en la Tregua, los homicidios cayeron un 60 por ciento de la noche a la mañana, literalmente. Entonces se cifró en 62.000 la cantidad de pandilleros activos, con un colchón social de unas 500.000 personas, integrado por familiares, novias, colaboradores y simpatizantes. Un 8 o 9 por ciento de la población.
Más allá de los números, lo que hace de las maras un fenómeno único en el mundo es su asfixiante control territorial y social. En centenares de colonias y cantones que la debilidad del Estado les permite controlar, por lo general los más empobrecidos, los mareros determinan quién entra, dónde estudian los niños, qué ropa puede usarse, quiénes pagan renta, y hasta qué familiares llegan al velorio cuando un vecino fallece. No hay señal de que esas estructuras de terror, sintetizadas en la hollywoodense frase “ver, oír y callar”, se hayan debilitado tras dos años de represión brutal.
A corto y mediano plazo, la estrategia actual del gobierno no invita al optimismo. Los números 13 y el 18 se importaron desde California hace un cuarto de siglo, pero las maras como fenómeno, la dimensión alcanzada, son consecuencia de las condiciones estructurales que ofrece la sociedad salvadoreña: la pobreza, la desigualdad y la exclusión, ejemplificadas en empresarios reticentes a pagar a un cortador de caña 200 dólares mensuales en un país en el que un litro de leche cuesta 1.30 dólares; la debilidad institucional y un sistema político partidario empeñado en perpetuarla; el histórico uso de la violencia para resolver diferencias, tanto políticas como personales; y un clasismo latente del que nadie quiere hablar, con familias clasemedieras que pagan al día 12 dólares o menos a las mujeres que limpian sus casas y cuidan a sus hijos.
Incluso si la persecución y el castigo debilitaran las maras, nada indica que el escenario resultante vaya a ser mejor. El Estado salvadoreño, con el aplauso o la indiferencia de la ciudadanía, ha hecho a un lado los derechos humanos en su guerra a las pandillas, al más puro ‘Duterte style’. Se está resucitando y tolerando la idea, propia de décadas no tan remotas, de que es legítimo tomarse la justicia por cuenta propia. En dos años, la Policía y las Fuerzas Armadas han matado a más de 900 personas en operativos, hechos que presenta como “enfrentamientos”. Investigaciones periodísticas y de organizaciones no gubernamentales, sin embargo, han evidenciado que las ejecuciones extrajudiciales son práctica habitual y que los ejecutados en ocasiones ni siquiera son pandilleros. Ni un solo policía o soldado ha sido condenado.
David Morales, exprocurador de Derechos Humanos, se atrevió a denunciar apenas un puñado de casos. Lo destituyeron. Su sucesora, Raquel Caballero, accedió al cargo en septiembre con la venia de todas las fuerzas políticas que impulsan la estrategia represiva, y se ha sumado al coro de instituciones que actúa como si el elefante de las ejecuciones y los abusos no existiera. “Respaldamos las medidas extraordinarias, por el mismo clamor de la población”, dijo Caballero el 22 de diciembre.
Guillermo Gallegos, actual presidente de la Asamblea Legislativa, dinamizó su carrera defendiendo la pena de muerte. En la sociedad más violenta del mundo, da votos tuitear “muerte a los mareros” o “pasó lo que queríamos que pasara” el día en que un motín carcelario se salda con 14 pandilleros muertos. Por el contrario, es un suicidio político —y social— exigir que los policías respeten los derechos humanos, plantear mejoras en las cárceles tendientes a la reinserción, o sugerir soluciones al problema que incluyan el diálogo directo y sobre la mesa con los pandilleros.
Hace dos décadas, Colombia tenía tasas de homicidios similares a las que hoy presenta El Salvador. Las han reducido a un tercio. Fortalecer el Estado de derecho y fomentar el diálogo transparente parecen ser apuestas seguras, pero el Estado y la sociedad salvadoreñas prefieren, hoy por hoy, seguir caminando en sentido contrario.

domingo, 20 de noviembre de 2016

Más de 800 periodistas han sido asesinados en 10 años

    Latinoamárica es la segunda región más peligrosa para ejercer el periodismo.

    Latinoamárica es la segunda región más peligrosa para ejercer el periodismo. | Foto: Archivo

    Publicado 16 noviembre 2016
    Al menos 827 periodistas fueron asesinados en la última década según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por su sigla en inglés) por la Seguridad de los Periodistas y el Peligro de la Impunidad presentado este miércoles.
    El informe de 2016 resume los asesinatos de periodistas condenados en los años 2014-2015, así como un análisis de los ocurridos en los últimos 10 años, entre 2006 y 2015.
    El reporte, que se publica cada dos años desde 2008, es elaborado por decisión de los 39 estados miembros del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de la Unesco.


    Estados árabes con el mayor número de asesinatos

    Entre  el período 2014-2015, la directora General de la Unesco condenó el asesinato de 213 periodistas. El 2015 se registraron más asesinatos de periodistas en los últimos 10 años, con un total de 115.
    En 2014, la Unesco registró 98 casos de asesinatos de periodistas.
    En el análisis por regiones, los estados árabes registraron el mayor número de asesinatos de periodistas en los últimos dos años, 36,5 por ciento del total de los casos (78 asesinatos). Los conflictos que ocurren en la República Árabe Siria, el Iraq, el Yemen y Libia son la principal causa.
    Leve aumento de las muertes de mujeres periodistas

    En el análisis en función del sexo, los asesinatos de los periodistas en 2014-2015 reflejan que al igual que en anteriores años, los asesinatos de periodistas hombres superan por mucho a los asesinatos de mujeres (195 hombres y 18 mujeres).
    Esta diferencia se puede explicar por el hecho de que menos periodistas mujeres ejercen su labor en zonas de conflicto.
    Foto: Archivo

    Aumento del número de periodistas de medios digitales asesinados en 2015

    En el año 2015 se presentó un pronunciado aumento el número de periodistas de medios digitales asesinados, con un caso de 21 casos (18 por ciento) en comparación con solo dos en 2014.
    De estos casos, la mayoría de los periodistas y blogueros eran de origen sirio, quienes ejercían labores periodísticas en el conflicto de ese país.
    Por otra parte, la mayoría de los periodistas asesinados durante el 2014-2015 trabajan en televisión mientras que casi todos los años de la última década, los más afectados eran los periodistas de medios escritos.
    Foto: Archivo
    Periodistas locales los más afectados

    Un 90 por ciento de las víctimas son periodistas locales. Para el año 2014 hubo un aumento del número de periodistas extranjeros asesinados, con 17 casos en comparación a un promedio de 4 en años anteriores.
    En cuanto a los periodistas independientes, analistas coinciden en que suelen estar más expuestos ya que frecuentemente cuentan sin la protección adecuada y se consideran el grupo más vulnerable del sector de los medios de comunicación. Un total de 40 periodistas independientes o periodistas ciudadanos fueron asesinados en el período 2014-2015, lo que representa el 19 por ciento del total de los casos. 
    Mayores asesinatos en zonas de conflicto

    De acuerdo con estadísticas de Unesco sobre periodistas asesinados en el período 2014-2015, gran parte de los asesinatos ocurrieron en países en los que había conflictos armados. Hubo un total de 126 casos, es decir un 59 por ciento del total.
    El informe de la Unesco indica que el año 2015 reflejó un incremento del número de asesinatos a periodistas.

    viernes, 23 de septiembre de 2016

    11 de septiembre en Latinoamérica

    Chile conmemora el 43º aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973


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    En Santiago, la capital de Chile, miles de personas marcharon hacia el principal cementerio de la ciudad el domingo para llorar a las víctimas de la dictadura. El 11 de septiembre de 1973, el presidente democráticamente electo Salvador Allende murió en el palacio presidencial en el marco de un golpe de Estado que contó con apoyo de Estados Unidos y que dio paso a diecisiete años de brutal dictadura militar bajo el mando de Augusto Pinochet.

    lunes, 19 de septiembre de 2016

    Activista detenido en hospital psiquiátrico

    Más información sobre AU: 205/16 Índice: EUR 50/4786/2016 Ucrania       Fecha: 9 de septiembre de 2016
    ACCIÓN URGENTE

    Resultado de imagen para logo de amnesty international

    EN LIBERTAD ACTIVISTA DETENIDO EN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

    Ilmi Umerov recuperó la libertad el pasado 7 de septiembre tras pasar tres semanas en reclusión psiquiátrica forzosa. No obstante, continúa abierto el proceso de instrucción penal que se sigue en su contra a causa de su activismo pacífico de oposición a la anexión de Crimea por parte de Rusia y, de ser declarado culpable, podría ser condenado a una pena de prisión.
    Ilmi Umerov, de 59 años y activista de etnia tártara de Crimea, es vicepresidente del Mejlis, órgano de representación elegido por la población tártara de Crimea. Tanto el proceso penal como su reclusión psiquiátrica forzosa de tres semanas parecen haberse concebido como represalia por su activismo político. Se ha opuesto de forma pública y sistemática a la ocupación y anexión rusa de Crimea, consumada en 2014. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) abrió una investigación criminal contra Ilmi Umerov el 12 de mayo, basándose en el artículo 280.1.2 del Código Penal ("pedir la violación de la integridad territorial de la Federación Rusa utilizando los medios de comunicación de masas e Internet"). El 11 de agosto, el tribunal de distrito de Kyivskyi, en Simferopol, ordenó que se le sometiera a un examen psiquiátrico forzoso. La apelación presentada por sus abogados contra esta decisión aún no se ha examinado. El 18 de agosto, agentes del FSB trasladaron a la fuerza a Ilmi Umerov a un hospital psiquiátrico en Simferopol.
    Ilmi Umerov recuperó la libertad el 7 de septiembre, poco antes de las 10 de la mañana, después de pasar tres semanas en reclusión psiquiátrica forzosa. La conclusión del "examen psiquiátrico" al que fue sometido indica que no padece ningún tipo de problema de salud mental. No obstante, Ilmi Umerov todavía se enfrenta a cargos penales. Si lo declaran culpable, podría ser condenado a una pena de prisión de hasta cinco años. El tribunal de distrito de Kyivskyi aún no ha fijado una nueva fecha para la próxima vista de la causa. Mientras estuvo privado de libertad, Ilmi Umerov no dejó de alzar la voz y criticar a las autoridades rusas, y sigue firmemente decidido a seguir con su activismo pacífico.
    Escriban inmediatamente en ucraniano, ruso o en su propio idioma:
    - señalando que a Ilmi Umerov lo están procesando por ejercer su derecho a la libertad de expresión, e insistiendo en que se retiren todos los cargos penales que se han formulado contra él;
    - pidiendo que cesen la persecución y el hostigamiento de las voces disidentes que se alzan entre miembros de la comunidad tártara de Crimea, y que se respeten sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

    ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 21 DE OCTUBRE DE 2016 A:
     
    Fiscal de Crimea
    Prosecutor of Crimea
    Nataliya Poklonskaya
    Simferopol, Crimea
    Fax: +7 3652 550 310
    Tratamiento: Señora Fiscal / Dear Prosecutor
     
    Director del Servicio Federal de Seguridad para Crimea
    Director of Federal Security Service for Crimea
    Viktor Palagin  
    Simferopol, Crimea      
    Fax: +7 3652 256 031
    Correo-e: fsb@fsb.ru
    Tratamiento: Señor teniente general / Dear Lieutenant General
     
    Y copias a:
    Comisionada de Derechos Humanos en Crimea
    Human Rights Commissioner in Crimea
    Lyudmila Lyubina

    Simferopol, Crimea
    Correo-e: upchvrk@mail.ru
     

    Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. 
    EMBAJADA DE UCRANIA
    Excmo. Sr. Serhii POHORELTSEV
    C/ Ronda de la Abubilla nº 52.- 28043- MADRID
    Teléfono: 91 748 93 60.- Fax: 91 388 71 78
    E-mail: ucremb@ya.com
    www.mfa.gov.ua/spain

    Inserten a continuación las direcciones de las sedes diplomáticas locales:
    Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento

    Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de la AU 205/16. Más información:https://www.amnesty.org/es/documents/EUR50/4776/2016/es/
     
    ACCIÓN URGENTE
    EN LIBERTAD ACTIVISTA DETENIDO EN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
    INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
    Ilmi Umerov nació en Uzbekistán, hijo de padres tártaros de Crimea que habían sido expulsados de Crimea por las autoridades soviéticas en 1944. Cuando los tártaros de Crimea empezaron a regresar gradualmente a la península a finales de la década de 1980, Ilmi Umerov se convirtió en miembro destacado del movimiento cultural tártaro de Crimea, y en político local. En agosto de 2014, tras la ocupación y la anexión de la península por parte de Rusia, Ilmi Umerov, en protesta, dimitió de su cargo de director de la administración local del distrito de Bakhchisaray. Durante todo este tiempo ha criticado abiertamente la anexión y ha propugnado pacíficamente la devolución de Crimea a Ucrania.
    Inmediatamente después de ser puesto en libertad el 7 de septiembre, Ilmi Umerov asistió como muestra de apoyo a la vista judicial que se sigue contra Akhtem Chiygoz, otro vicepresidente del Mejlis, juzgado por cargos penales presentados por las autoridades rusas, que lo acusan de la supuesta organización de "disturbios masivos" el 26 de febrero de 2014. Akhtem Chiygoz lleva en detención preventiva, desde febrero de 2015.
    Los altos cargos del Mejlis del pueblo tártaro de Crimea han sufrido represalias tales como acoso, exilio forzado y procesamiento penal por su abierta oposición a la ocupación y anexión de Crimea por Rusia. El 26 de abril de 2016, el Tribunal Supremo de Crimea declaró al Mejlis una "organización extremista" en virtud de la legislación rusa, y convirtió con ello en delito la pertenencia a él y cualquier otra actividad en su favor. La apelación contra esta sentencia aún no se ha examinado (véase el comunicado de prensa:https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/04/ban-on-ethnic-crimean-tatar-assembly-aimed-at-snuffing-out-dissent/).
    Amnistía Internacional ha documentado un alarmante aumento de las violaciones del derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación en Crimea desde su anexión por Rusia en marzo de 2014 (véase informe: One year on: Violations of the rights to freedom of expression, assembly and association in Crimea,https://www.amnesty.org/en/documents/eur50/1129/2015/en/). Además, varios tártaros de Crimea y otros activistas proucranianos han sido víctimas de desaparición forzada. En el caso más reciente, el activista tártaro de Crimea Ervin Ibragimov desapareció cerca de su casa el 24 de mayo de 2016 (véase Acción Urgente:https://www.amnesty.org/es/documents/eur50/4121/2016/es/). Las imágenes grabadas por una cámara cercana mostraban a un grupo de hombres que lo obligaban a subir a una furgoneta y luego se marchaban con el vehículo. Ninguna de estas desapariciones se ha investigado de manera efectiva.
    De acuerdo con el derecho y las normas internacionales, la privación de libertad por motivos de salud mental carece de justificación si no es estrictamente necesaria para proteger la seguridad de la persona o de otras personas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad prohíbe la privación de libertad basada en la existencia de una discapacidad de cualquier tipo, incluida la mental o intelectual. Además, el relator especial sobre la tortura ha manifestado que el tratamiento médico administrado sin el consentimiento libre e informado de la persona puede constituir tortura u otros malos tratos.

    Nombre: Ilmi Umerov
    Sexo: Hombre
     


    Más información sobre AU: 205/16 Índice: EUR 50/4786/2016 Fecha de emisión: 9 de septiembre de 2016




    Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: "Equipo AAUU - Respuesta"). Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por ejemplo "AU 25/99" o bien "EXTRA 84/99"). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, indíquenoslo también en el dorso con las palabras "No acuse". Gracias por su colaboración.

    Equipo de Acciones Urgentes de Amnistía Internacional
    Secretariado Estatal
    Fernando VI, 8, 1º izda.
    28004 Madrid
    Telf. + 91 310 12 77
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